El Ayuntamiento de Espartinas ha denunciado a un ex trabajador del servicio municipal de recaudación, que pidió la baja voluntaria en enero, después de que haya reconocido que se llevó casi 4.000 euros de dos recibos del impuesto de plusvalía que dos vecinos le abonaron por caja hace ya más de un año. Según el gobierno local del PP, esta persona ha devuelto las cantidades después de que contactaran con él la semana pasada, con lo que entienden que ha sido algo "puntual". Aun así, aseguran que se ha encargado una auditoría externa, desde año 2007 en adelante, el periodo en el que ha estado contratado.

Los hechos han trascendido después de que uno de los contribuyentes afectados denunciara en el Consistorio que se le había cobrado por segunda vez este impuesto, que no constaba como pagado en los expedientes que otros técnicos municipales retomaron cuando el empleado dejó su puesto. Así, se emitió de nuevo la carta de pago. Este vecino tenía el pertinente recibo sellado porque lo pagó en efectivo al trabajador, con lo que se ha puesto en evidencia que el dinero que se le cobró no llegó a entrar en las arcas municipales.

Tras conocer los hechos, de los que no se informó en el Pleno que se celebró el viernes pasado, los grupos de la oposición solicitaron una reunión con el gobierno, que se celebró ayer y a la que asistió tanto el alcalde, Domingo Salado, como su segundo, el edil de Hacienda, Javier Jiménez. En el encuentro se les trasladó que, de momento, se ha certificado que son dos las personas afectadas, con dos recibos de algo más de 1.700 euros en ambos casos, que el ex trabajador municipal ha devuelto tras ser descubierto.

Fuentes del gobierno local señalaron a este diario que el ex trabajador fue denunciado el lunes y se ha encargado una auditoría de todo el periodo en el que estuvo contratado, desde 2007. Por otro lado, el alcalde emitirá un decreto para que el Opaef, la agencia de recaudación de la Diputación y que ya gestiona el cobro de las plusvalías en la vía ejecutiva, se haga cargo también del cobro en voluntaria.

Estas explicaciones no han convencido a los grupos de la oposición. Los portavoces del PSOE, Ignacio Rubio; IU, Juan Antonio Rodríguez; y el PA, Felipe Moreno, anunciaron ayer que exigirán no sólo que se encargue una auditoría externa, sino que se cree una comisión de investigación, ya que consideran que lo ocurrido puede ser la "punta del iceberg" de algo mayor y quieren ser "parte activa" en la aclaración de los hechos, no les basta con un informe de conclusiones.

Lo ocurrido, según destacaron, evidencia la falta de control que ha habido sobre este departamento de recaudación, a pesar de la situación económica crítica por la que pasa el Ayuntamiento de Espartinas, que ha obligado a un severo plan de ajuste que conlleva despidos en la plantilla municipal y una subida de impuestos, como el IBI, que se ha encarecido en más de un 80% con respecto al año pasado, por la subida municipal, la extraordinaria del Gobierno central y la revisión catastral.

En lo ocurrido, "hay unas claras responsabilidades políticas del alcalde y el delegado de Hacienda", subrayaron los portavoces de estos tres grupos de la oposición. Más, cuando, según les informó la tesorera durante la reunión, en los últimos diez meses no se ha estado liquidando este impuesto municipal, ya que este empleado no lo ha hecho y es el que tenía las claves para acceder al programa en el que se notifican las ventas de inmuebles y elaborar los recibos con la plusvalía, el incremento del precio de una vivienda y por el que la persona que vende debe pagar un porcentaje al Consistorio. Estos ingresos son importantes en un municipio como Espartinas, con una considerable actividad inmobiliaria de casas y terrenos, que alcanzan precios elevados en muchos casos.

PSOE, IU y PA recordaron además que varias veces, la última con ocasión de la aprobación del presupuesto de 2012, la interventora ha alertado de la falta de liquidez "extrema" en el Consistorio, que no es de carácter transitorio, sino "estructural" y el grave problema que supone incluir ingresos en el presupuesto a cuenta del PGOU paralizado que son de "dudoso cobro", subrayaron también desde la oposición municipal, por lo que dijeron no entender la falta de control en este sentido.