El consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, ha asegurado hoy que una de las tres empresas que optan al contrato para comprar al Gobierno Vasco 3.000 viviendas de protección oficial (VPO), cuya sede social está en un paraíso fiscal, las Islas Vírgenes, cumple con todos los requisitos legales para presentar su oferta.

El Gobierno Vasco tiene abierto un concurso para vender 3.000 VPO de las sociedades públicas Alokabide y Visesa a un inversor privado para que luego éste las ceda al Ejecutivo durante un mínimo de 20 años para su alquiler a personas inscritas en Etxebide.

A este concurso, todavía sin resolver, se presentaron cuatro ofertas aunque una de ellas ya se ha retirado, y quedan encima de la mesa las de una empresa estadounidense, otra británica y otra australiana, cuya sede social se encuentra en las Islas Vírgenes británicas.

Durante el pleno de control que hoy celebra la Cámara vasca, el parlamentario del PNV, Norberto Aldaiturriaga, ha alertado de la posible adjudicación de la venta de estas viviendas a una empresa instalada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes.

El PNV se oponeEl consejero de Vivienda ha defendido la legalidad de la operación de venta de las viviendas que está recogida en la ley de presupuestos de la comunidad autónoma de este año.

Ha insistido en la necesidad de buscar financiación en la iniciativa privada si se quiere que Visesa siga construyendo viviendas de alquiler.

Cumple la legalidad

En cuanto a la oferta presentada por la empresa radicada en las Islas Vírgenes, Arriola ha recalcado que cumple la legalidad para presentarse al concurso y ha dejado claro que el Gobierno Vasco no puede dejar de admitir a determinadas empresas que se ciñen a los requisitos establecidos en la ley.

Además, ha aclarado al PNV que en un anexo de este contrato se especifica la obligación de la empresa que finalmente resulte adjudicataria de constituir una sociedad con domicilio social en el País Vasco o radicada en Euskadi, que tribute en la comunidad autónoma y que sea la que suscriba el contrato de compra de las VPO con el Gobierno Vasco.