Aire renovado para el mercado del alquiler. El Gobierno ha anunciado tras el Consejo de Ministros una amplia batería de modificaciones legales para su dinamización. Entre éstas, destaca la flexibilización temporal de la vida de los contratos de arrendamiento, cuyo periodo mínimo de vigencia inicial pasa de cinco años a tres. Además, la actualización de rentas podrá ser pactada, el casero tendrá derecho a recuperar la casa para uso propio advirtiéndolo con dos meses de antelación, el inquilino podrá dejar el piso con sólo avisar un mes antes en cualquier momento del contrato,...

El Ejecutivo introducirá estas nuevas medidas vía anteproyecto de ley [Pdf] que modificará la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). Estas modificaciones no tienen carácter retroactivo y, como han aclarado fuentes de Fomento a ELMUNDO.es, sólo serán aplicables a los contratos que se firmen tras la entrada en vigor de la nueva normativa. La novedad más importante de estas nuevas reglas del juego en el mercado del alquiler es la referente al tiempo de los contratos, que hasta ahora estaban sujetos a un plazo inicial de prórroga obligatoria de cinco años y otra prórroga tácita de tres. Estos periodos pasarán a tres y un año, respectivamente. De esta forma, la Ley sólo amparará a los inquilinos para que permanezcan en la vivienda durante cuatro años, en lugar de ocho años.

Por otro lado, la actualización anual de las rentas, actualmente ligada directamente al IPC general, también sufrirá alteraciones. "Las partes podrán pactar la actualización, aunque no esté en el contrato", ha afirmado Ana Pastor, ministra de Fomento y responsable estatal de Vivienda. En este sentido, también se podrá "pactar la renuncia del arrendatario a optar al derecho de tanteo y retracto". Ambos puntos como el resto, y como se especifica en el anteproyecto de ley, sólo afectarán a "futuros contratos".

Además de estas importantes modificaciones, la "medida estrella", según la ha calificado Pastor, será el hecho de que los inquilinos podrán dejar la vivienda arrendada en cualquier momento del contrato, sin ningún perjuicio económico, avisando de su marcha con un mes de antelación al casero.

Actualmente, si el arrendatario decidía abandonar el piso que tenía alquilado durante los primeros cinco años de contrato estaba obligado a pagar por ley una indemnización económica. Pasados estos cinco años del plazo inicial, bastaba con comunicar su intención de dejar la casa al propietario con dos meses de antelación.

Esta libertad temporal que se proporciona al arrendatario también tiene su reflejo en los nuevos derechos del arrendador. El actual punto de la LAU que dice que el propietario sólo puede recuperar la vivienda (para uso propio, para uso de un familiar de primer grado o cónyuge) si está pactado en el contrato también se modifica. Desde ahora, el casero tendrá derecho por ley a recuperar su casa (cumpliendo los mismos requisitos que antes) aunque no esté firmado en el contrato con sólo avisar con dos meses de antelación al inquilino.

Por otro lado, el anteproyecto de Ley incluye una agilización de los procesos de desahucio -plazo de 10 días para pagar la deuda pendiente en lugar de poder abonar la deuda hasta el mismo día del desahucio- para aportar más seguridad jurídica a los propietarios. Además, también introduce exenciones del 60% en la tributación por IRPF para propietarios no residentes -las equipara a las de los residentes- que pongan sus viviendas en alquiler y de hasta el 100% si estos propietarios residen en la UE y sus inquilinos tienen una edad de entre 18 y 30 años.

Por último, el Gobierno ha pensado incluso en los potenciales compradores de casas sujetas a un contrato de arrendamiento. En estos casos, actualmente el nuevo propietario está obligado a mantener al inquilino hasta cinco años esté o no esté inscrito el contrato en el Registro de la Propiedad y la totalidad del plazo acordado en contrato si está inscrito. A partir de ahora, el comprador sólo estará obligado a mantener a los arrendatarios si los contratos están registrados (la inscripción sigue sin ser obligatoria).

Pastor ha asegurado que este anteproyecto de ley persigue, principalmente, dar más seguridad jurídica a los propietarios para que se saquen más viviendas al mercado del alquiler y así facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes, colectivos vulnerables y familias con menores rentas. "A diferencia de lo que sucede en otros países de nuestro entorno, donde existe una alta tasa de propiedad, en España hay un mercado de alquiler débil que representa sólo el 17% del parque de viviendas (25 millones) por insuficiencia de oferta, falta de competitividad, escasa profesionalización,...", ha indicado la ministra.