Como informaban los diarios este jueves, el Consejo Constitucional de Francia ha declarado inconstitucional el proyecto de ley lanzado por el ejecutivo de Sarkozy, que contemplaba suspender la conexión a internet de aquellos ciudadanos que lo utilizaran para intercambiar archivos mediante p2p. La decisión ha caído como un jarro de agua fría en las disqueras españolas, que esperaban ver aprobar en España una ley de características semejantes, después de la bochornosa campaña anti descargas que han sostenido en los últimos meses. Según marca la ley de propiedad intelectual, la descarga de archivos compartidos no es ilegal, así como tampoco lo es la puesta a disposición del público de un archivo de nuestra propiedad, siempre que no medie ánimo de lucro. Pero, ajenos a la ley, colectivos como SGAE o Promusicae han afirmado sin rubor lo contrario en programas de televisión y radio, anuncios en cines, entrevistas en todo tipo de medio, y webs propias.

Ahora que el Consejo frances se ha pronunciado, y que sus declaraciones de inconstitucionalidad son inapelables, el grupo de presión anti-piratería se queda sin argumentos en España para proponer una ley semejante. Y no solo este grupo. En el seno del gobierno se había instalado desde hace tiempo la urgencia de legislar sobre el tema de las descargas en internet, y hasta el pasado viernes parecía que mayoritariamente se apostaba por la restricción. La paralización en Francia da una nueva oportunidad en España para que el gobierno reflexione sobre el futuro de la red y del negocio musical, como piede FACUA entre otros, sobre todo ahora que no paran de hablar de reconversión industrial y cambio de modelo. Reflexión que, por otra parte, ya se está haciendo en el resto del mundo, con sorprendentes conclusiones desde el punto de vista económico.