Uno de los principales indicadores sobre el que gira las reformas es el déficit público. Cierto es que, como principio básico, nadie (persona, unidad familiar, ayuntamiento, empresa o país) puede vivir por encima de sus posibilidades. Y vaya por delante que la austeridad, bastante demodé en los tiempos actuales, era una de las virtudes clásicas que se recomendaban en la administración de los bienes públicos. Sin embargo, hay formas y formas, aunque ninguna fácil, de disminuir el déficit público y, en concreto, de reducir el famoso gasto público.

Sin duda alguna, la forma rápida de recortar las partidas de gasto e inversión es aplicar un criterio “igualitario” a todas ellas: vamos a reducir un X% los recursos destinados a tales ministerios o capítulos presupuestarios. Sin embargo, esta alternativa es ineficiente, desde el punto de vista de que detrae recursos por igual (en términos relativos) a aquellos que han gestionado correctamente que a los que lo hacían de forma ineficiente.

Existen otras formas de reducir las partidas de gasto que van más allá de la solución coyuntural y rápida para salir del paso, buscando aumentar la eficacia en la gestión:

– Introducción de sistemas de gestión orientados a la medición y mejora de la productividad, según reflexionábamos en el post anterior junto con los comentarios al mismo (muchas gracias por las aportaciones de nivel enviadas).

– Búsqueda de economías de escala. Cuando una organización, pública o privada, se plantea un recorte de costes, una forma de conseguirlo es centralizar o coordinar determinadas partidas de gasto o inversión que, al agregarse, facilita la consecución de mejores precios.  En este sentido, una mala interpretación de la estructura competencial del país, puede generar “fronteras internas ficticias” que se traduzcan en organismos redundantes para proporcionar el mismo servicio, o en no aprovechar las potenciales economías existentes. De hecho, como ciudadano, tengo ciertas dudas preocupantes al respecto (sin duda alguna por mi desconocimiento). Por ejemplo:

• Recientemente leí una reseña sobre el Proyecto Saturno, impulsado por la Junta de Castilla y León para reducir el coste sanitario con una herramienta de planificación logística. ¿El resto de las CCAA tienen algo similar?, si lo tienen y los agregamos, ¿obtendríamos mejores resultados?. Si no lo tienen, ¿a qué esperan para tenerlo?.
• Si vivo en la zona rural del norte de la provincia de León, ¿puedo mandar a mis hijos a la escuela más cercana, aunque esté en Asturias?. Idéntica duda me asalta para los servicios asistenciales (p.ej sanidad) y de emergencia (bomberos; quitanieves….). Porque si no fuera así, se podía caer en el dislate de duplicar servicios o que unos ciudadanos estuvieran peor atendidos que otros.
• A la hora de crear nuevas facultades o incluso universidades, la CCAA de turno toma en consideración el número de plazas existentes en la misma disciplina en España. O, ¿hasta qué punto se facilita la circulación de docentes y alumnos entre las distintas universidades españolas?.
• A nivel de infraestructuras, por ejemplo, cuando se abre o amplia un aeropuerto, ¿se tiene en cuenta a qué distancia está el aeropuerto más cercano?, ¿cuántos son los viajeros o vuelos precisos para alcanzar, sin subvenciones, el punto de equilibrio?, ¿se toma en consideración el impacto que sobre la demanda de vuelos va a tener la ampliación de la red ferroviaria?…
• …

En definitiva, ¿tenemos claro cuál es la escala de planificación adecuada para cada servicio o inversión a afrontar desde la Administración?.

– Modelos de gestión. Para la prestación de los diferentes servicios, el marco legal actual permite diferentes alternativas: gestión directa con medios propios, con subcontratación de tareas no esenciales, empresa pública o mixta, concesiones, otros mecanismos de colaboración público privada…

Ninguna de estas alternativas es la panacea. Todas tiene sus puntos fuertes y debilidades a las que aplicar contramedidas y, por tanto, la adopción de un modelo u otro debería depender para cada caso de aquél que se ajusta mejor a lo que precisan los ciudadanos, dejando al margen, y eso es lo difícil, cualquier posicionamiento populista o demagógico.

Por otra parte, otro aspecto esencial en la discusión del recorte presupuestario es la diferencia conceptual entre gasto corriente e inversión. La inversión en nuevos proyectos revitaliza la actividad económica del país, dotándole de activos que aumentan la competitividad del mismo; mientras que el gasto corriente recogería, a grosso modo, “el nivel de vida” del que disfrutamos, por lo que un gasto corriente excesivo pone de manifiesto que vivimos por encima de nuestras posibilidades.

En consecuencia, no es lo mismo endeudarse para financiar un gasto corriente excesivo que para afrontar nuevas inversiones ya que éstas presentan un retorno a futuro en forma de ingresos adicionales respecto a los actuales. Y de la misma forma, no es lo mismo que el recorte presupuestario se realice en términos de gasto corriente que de inversiones ya que, conceptualmente, la disminución de las inversiones necesarias (las innecesarias nunca deberían considerarse) dificulta la recuperación posterior.

Confío en que nuestros gobernantes tengan presente todas estas cuestiones en la difícil tarea de elaborar los presupuestos para el nuevo ejercicio. Nos estamos jugando mucho.