Zaragoza, 27 de enero de 2009.
El Presidente de la Asociación, Julio Guiral, se ha dirigido por escrito a los miembros de la Comisión de Expertos que se constituyó para la elaboración del Estatuto Básico del Empleado Público, con la finalidad de darles a conocer la existencia de la Asociación y la preocupación de un colectivo de funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma por el respeto de los principios y valores constitucionales en el ejercicio de la función pública.
Esta Asociación, además de dar a conocer su existencia en distintos ámbitos –como ya se hizo con los responsables del Ministerio de Administraciones Públicas o las Cortes Generales, a través de las Comisiones de Peticiones del Congreso de Diputados y del Senado- tiene interés en recabar aportaciones de expertos en diferentes aspectos de la función pública, y por ello nos parece particularmente interesante contar en el futuro con opiniones, análisis o colaboraciones de quienes han formado parte de la Comisión de Expertos que trabajó en los criterios reguladores que dieron lugar, posteriormente, al Estatuto Básico del Empleado Público.
Se reproduce íntegro el texto de la carta dirigida a los miembros de la citada Comisión de Expertos:
“Estimado/a señor/a:
Me dirijo a Vd., en mi condición de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, para darle a conocer nuestra asociación.
La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa se constituyó en el mes de febrero del año 2007, con la finalidad de agrupar a todos los funcionarios de la Administración autonómica aragonesa deseosos de trabajar por el respeto de los principios, valores y normas que deben regir el ejercicio de la función pública, de modo que la Administración Pública contribuya al buen funcionamiento del Estado social y democrático de Derecho y del Estado autonómico, conforme a lo establecido en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de Aragón.
Nuestra actividad quiere dirigirse en todo momento a promover en el conjunto de las instituciones públicas de la Comunidad Autónoma de Aragón los principios de legalidad y de ética pública, así como los de eficacia, eficiencia, transparencia y participación ciudadana. Pretendemos contribuir con nuestro esfuerzo a hacer realidad una Administración profesional al servicio de la democracia y de los ciudadanos.
Con el deseo de dar a conocer nuestro proyecto asociativo a los diferentes miembros de la Comisión de Expertos constituida para la posterior elaboración del Estatuto Básico del Empleado Público, le adjunto copia de los estatutos de nuestra asociación para que pueda conocer con más detalle, si lo desea, sus principios generales, fines, estructura y funcionamiento.
Igualmente le indico que disponemos de un blog, al que se accede en la siguiente dirección de la web:. http://asocfuncionpublica.blogspot.com, en el que además de informar de la actividades, proponemos un debate abierto, propiciando la posibilidad de realizar comentarios anónimos o a título personal.
Esta carta no es ajena a nuestro interés por recabar su autorizada opinión sobre las actividades de una asociación como la que le presentamos, por lo que cualquier comentario o sugerencia que desease hacernos sobre cuestiones relevantes de la función pública o sobre planteamientos expresados por esta Asociación nos resultarían de inestimable ayuda para avanzar en nuestros objetivos.
Creemos, en definitiva, que la aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público abre un periodo de redefinición del papel de los servidores públicos en el ejercicio de la función pública, con unas importantes posibilidades de reforzar la profesionalidad y el compromiso con los valores de la ética pública, pero que, a su vez, la dinámica que viven nuestras Administraciones pueden malograr tales oportunidades si no existe un compromiso activo de responsables políticos y de empleados públicos y una presión del conjunto de la sociedad para que las instituciones públicas trabajen con eficacia y transparencia al servicio del interés general, respetando las leyes y los derechos de los ciudadanos.
Agradeciéndole su atención de antemano, reciba nuestro más cordial saludo.
Zaragoza, 27 de enero de 2009.
Julio Guiral Pelegrín.
Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
24 comentarios:
Para tener información del papel jugado por la Comisión de expertos del Estatuto Básico, esta información elaborada por el MAP:
as Administraciones Públicas han experimentado un gran desarrollo, han asumido nuevas funciones y han reforzado y extendido algunos servicios, lo que ha supuesto un incremento notable de sus recursos, de sus efectivos y de su complejidad organizativa.
Sin embargo, en materia de empleo público, la última reforma general de importancia es la que introdujo la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. Pero no se ha elaborado hasta ahora un Estatuto general y básico, a pesar de estar previsto en la Constitución.
Por ello, por Orden APU/3018/2004, de 16 de septiembre, se constituyó la Comisión para el estudio y preparación del Estatuto Básico del Empleado Público, con la finalidad de “llevar a cabo los análisis y estudios previos así como la elaboración de un documento que sirva de base para la posterior elaboración del anteproyecto” de dicho Estatuto.
Como establece la Orden ministerial que la creó, la Comisión siguió en sus trabajos un “esquema participativo” y tuvo la oportunidad de conocer, directamente o por escrito, la opinión de los representantes de las Comunidades Autónomas, de la Administración Local, de las organizaciones sindicales y de otras organizaciones portadoras de intereses profesionales, sociales o económicos relacionados con el empleo público, además de la de distintos Departamentos y Entidades de la Administración General del Estado y del sector público estatal y de otros expertos.
Una vez conocidas todas las opiniones, se expuso en el Informe un análisis de la situación del empleo público, de sus valores y aspectos positivos y de sus problemas y deficiencias. Conforme a la Orden de creación de la Comisión, se formularon, a modo de propuestas o sugerencias, las alternativas normativas que se consideraban más idóneas para la elaboración de un borrador del futuro Estatuto Básico.
El Informe de la Comisión de expertos para el Estatuto Básico del Empleado Público fue la base para la elaboración del anteproyecto de ley de esta materia para ser consensuado con las organizaciones con intereses profesionales y sociales relacionados con el empleo público, principalmente los sindicatos.
El proyecto de Ley del Estatuto del Empleado Público fue aprobado finalmente y remitido a las Cortes Generales para su tramitación y aprobación como Ley. El Congreso aprobó definitivamente el texto el día 29 de marzo de 2007 y el Boletín Oficial de las Cortes Generales lo publicaba el día 9 de abril de 2007.
Finalmente, el día 13 de abril, el Boletín Oficial del Estado publicó la Ley, que entró en vigor el día 13 de mayo de 2007.
En Andalucía se ha constituido una Comisión de Expertos para la Ley de Función Pública autonómica que se dicte en desarrollo del Estatuto Básico.
En Aragón lo solicitó esta Asociación al Departamento de Presidencia y no hubo siquiera respuesta.
Por si interesa, esto dice la Orden que constituye tal Comisión en Andalucía:
Primero. La Comisión para el estudio y elaboración
del estatuto de los funcionarios públicos de la Administración
de la Junta de Andalucía tendrá por objeto el estudio
de las nuevas competencias establecidas en la Ley Orgánica
2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía relacionadas con la función pública y el desarrollo de los preceptos del nuevo Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril,
con el objetivo final de elaborar un borrador de la futura Ley
reguladora del estatuto de los funcionarios públicos de la Administración de la Junta de Andalucía, cumpliendo el mandato previstos en las mencionadas Leyes.
Como resultado de sus trabajos, la Comisión presentará
un primer borrador u informe a la persona titular de la Consejería de Justicia y Administración Pública, en un plazo máximo de tres meses desde su constitución.
Segundo. Composición. La Comisión estará compuesta,
atendiendo al principio de presencia equilibrada entre mujeres
y hombres, por los siguientes miembros:
Presidenta: Doña Amparo Rubiales Torrejón.
Vocales:
Ilmo. Sr. don Pedro Pérez González-Toruño.
Doña Mercedes Moya Escudero.
Don Francisco J. Prados de Reyes.
Don Gregorio Cámara Villar.
Secretaria: Ilma. Sra. doña Rocío Marcos Ortiz.
Tercero. Funcionamiento. Para dar cumplimiento de sus
cometidos, el titular de la Presidencia de la Comisión establecerá el calendario de sesiones, el método de trabajo y, en general, decidirá todos aquellos aspectos que considere necesarios para el buen funcionamiento de la Comisión.
En su funcionamiento, la Comisión seguirá un esquema
participativo, articulando los instrumentos necesarios para la
participación de las Corporaciones Locales, Organizaciones
Sindicales y otras organizaciones representativas. Para ello,
podrá reunirse cuantas veces considere conveniente en la
sede que la Consejería habilite para ello.
Cuarto. Infraestructura y medios. La Secretaría General
Técnica será el órgano encargado de proveer los medios necesarios requeridos para las sesiones de trabajo de la Comisión.
Sexto. Entrada en vigor. La presente Orden entrará en vigor
el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.
Sevilla, 21 de mayo de 2007
MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública
Esto se dijo entonces:
ESTATUTO DEL EMPLEADO PÚBLICO
El Estatuto Básico del Empleado Público es una asignatura pendiente de nuestra democracia, recogido en el artículo 103 de la Constitución Española: “La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones”.
Transcurridos más de 25 años de la Carta Magna, este Gobierno percibe el Estatuto como un instrumento legislativo necesario para poder contar con unas Administraciones Públicas plenamente adaptadas a las complejas exigencias sociales a las que deben responder, permitiendo articular, a su vez, las necesidades del ciudadano en la sociedad actual.
Los procesos vividos últimamente en España, donde hemos asistido a procesos de internacionalización, también de descentralización del Estado, junto a la demanda de calidad en los servicios públicos por parte del ciudadano y el avance de las nuevas tecnologías, exigen la introducción de nuevos instrumentos legislativos que puedan dar respuesta a esta realidad.
El Estatuto tendrá como uno de sus objetivos principales configurar una serie de reglas comunes para que las distintas organizaciones públicas encuadren sus respectivas políticas de recursos humanos, dando coherencia al sistema y resolviendo las particulares necesidades organizativas de cada servicio.
Para llevar a cabo los análisis y estudios previos así como la elaboración de un documento que sirva de base para la posterior elaboración del anteproyecto de Estatuto, se constituye una Comisión integrada por expertos en distintas áreas de relevancia, presidida por Miguel Sánchez Morón.
Una opinión crítica:
Desde mi punto de vista el estatuto básico del empleado público es una norma que no cumple ninguno de sus pretendidos objetivos. En primer lugar no es un verdadero estatuto del empleado público, porque en el articulado remite continuamente a leyes de desarrollo. Hasta que dichas leyes no se aprueben, no sabremos qué modelo de función pública existe en las Administraciones Públicas. No hablo del modelo de función pública en España, porque parece que el legislador se conforma con enunciar unos principios generales, y deja a las Comunidades Autónomas el desarrollo de esos principios.
A mi modo de ver se ha perdido la oportunidad de concretas aspectos importantes y que no hubieran excedido los límites de la legislación básica. Por ejemplo, hubiera sido muy interesante que en esta ley se enunciaran al menos, las funciones que sólo pueden desempeñar funcionarios públicos. Se hace en la misma norma para los funcionarios locales con habilitación nacional ( por cierto, se elimina el adjetivo nacional para pasar a ser ” de carácter estatal”).
Hubiera sido muy interesante mayor concreción de la nueva figura del personal directivo. Al hilo de esta cuestión quiero destacar que en la tramitación parlamentaria se pasó de exigir norma con rango de ley para desarollar esta figura, a decir que el desarrollo del régimen jurídico del personal directivo se haría por normas aprobadas por los Gobiernos respectivos, es decir, con un simple reglamento que no tiene que pasar por el Parlamento puede despacharse este asunto. En fin, que este estatuto básico a más no poder, deja abiertas las puertas a lo mejor y a lo peor. La Administración que quiera una función pública reglada y profesional podrá hacerlo, y la Administración que quiera una función pública basada en la arbitrariedad disfrazada de discrecionalidad, también podrá hacerlo sin muchas dificultades.
También hay Comisión de Expertos para la Ley gallega:
El Diario Oficial de Galicia recoge la orden por la que se constituye la comisión para el estudio y la preparación de la futura Ley de Función Pública Galega, que elevará su propuesta a la Xunta en un plazo de seis meses. La comisión estará formada por un equipo multidisciplinar, procedente de la judicatura, la universidad, y los ámbitos locales y autonómico. La presidencia correrá a cargo del conselleiro José Luis Méndez Romeu, y habrá 16 vocales.
El objeto será el estudio y el diagnóstico de la situación actual, y el culmen lo marcará la elaboración de un informe de propuesta sobre la futura normativa. El órgano contará con un colaborador externo, Miguel Sánchez Morón, abogado, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá y presidente de la Comisión para la elaboración del Estatuto Básico del Empleado Público.
Los 16 vocales serán José Vicente Alvariño Alejandro, director da Asesoría Xurídica Xeral da Xunta; María Camiño Agra, directora do Instituto Tecnolóxico Empresarial Caixa Galicia; José Luis Carro Fernández-Valmayor, catedrático de Dereito Administrativo de la Universidade de Santiago de Compostela (USC); y Antonio Fernández Paniagua, director xeral da División de Recursos Humanos e Desenvolvemento Profesional del Servizo Galego de Saúde.
De igual modo, forman parte Benito Roberto Fernández Rodríguez, secretario xeral de la Consellería de Educación; Rosa Fernández Somoza, concejal de Persoal do Concello de Santiago de Compostela; Antonio Javier Ferreira Fernández, profesor titular de Dereito Administrativo de la USC; y Pablo González Mariñas, diputado en el Parlamento de Galicia.
Se le suman Mª Luisa Graña Barcia, delegada autonómica de Tragsa; Antonio Izquierdo Escribano, director da Escola Galega de Administración Pública (EGAP); Ramón Maíz Suárez, profesor de Ciencia Política da Administración de la USC; Alberto Palomar Olmeda, magistrado do Contencioso-Administrativo, profesor de Dereito Administrativo da Universidad Carlos III y vocal de la Comisión de Expertos para a elaboración do Estatuto Básico do Empregado Público; Dolores Rivera Frade, magistrada del juzgado Contencioso-Administrativo nº 2 de Santiago.
¿Habrá con la ley aragonesa un foro similar al que habilitó el MAP para el Estatuto Básico?
MAP abre foro internet debatir futuro Estatuto Empleado Público
El Ministerio de Administraciones Públicas, MAP, ha abierto un foro de internet para debatir el futuro Estatuto Básico del Empleado Público, que actualmente se encuentra en fase de negociación entre Gobierno central, sindicatos, partidos políticos, otras administraciones y agentes sociales.
En un comunicado, el MAP señala que todos los interesados pueden ver el borrador de trabajo que sirve de soporte a las negociaciones en su página web www.map.es
Los usuarios podrán enviar sus comentarios o sugerencias sobre el conjunto o alguno de los puntos que trata el documento al correo electrónico estatuto.empleadopublico@map.es, opiniones que se publicarán en la citada página web.
Los trabajos para la creación de un nuevo estatuto comenzaron hace poco más de un año, con un informe elaborado por una Comisión de Expertos que ha servido como punto de partida para el documento final que será llevado ante el Consejo de Ministros en los próximos meses.
Los británicos han desarrollado un marco de competencias para su Senior Civil Service, entre las que señalan las siguientes:
Dar propósito y dirección, creando y comunicando una visión del futuro
Generar un impacto personal, liderando con el ejemplo
Pensar estratégicamente, identificando ideas y oportunidades para conseguir objetivos
Sacar lo mejor de las personas, motivando y desarrollando a las personas para obtener un alto rendimiento
Aprender y mejorar, avanzando a partir de la experiencia y de nuevas ideas para mejorar los resultados
Orientación a la prestación de servicios, obteniendo valor por dinero ("value for money") y resultados
El marco de competencias del Senior Civil Service incluye una lista de comportamientos efectivos e inefectivos para cada una de estas competencias.
Por cierto, ya que hablamos del Civil Service, os recomiendo dar una vuelta por su web, dividida en tres secciones: "soy funcionario", "quiero ser funcionario" y "sobre la función pública". Me ha llamado especialmente la atención el apartado "Professional Skills for Government", donde se pueden consultar de una forma muy visual las competencias necesarias para cada tipo de trabajo público.
El Estatuto Básico ha aprobado un código ético paras los funcionarios que incorpora el criterio de eficiencia, "hacer las cosas bien con el menor coste posible". "Eso en el ámbito público es casi una revolución" porque antes sólo "había una cultura del cumplimiento de la norma".
Esto dijo la Ministra de Administraciones Públicas hace unos meses en el Senado:
En esta legislatura, después de 29 años, el Gobierno y las Cortes Generales también hemos cumplido un mandato constitucional con la aprobación de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público; una ley que mejora las condiciones de dos millones 400.000 empleados públicos; una ley que va a permitir unos servicios públicos de más calidad soportados en la planificación de recursos humanos y en un modelo de carrera basado en la adquisición de competencias y en la evaluación del desempeño, así como en la flexibilidad y en una mayor movilidad funcional.
Como saben, esta ley establece la figura del personal directivo, prevé un código de conducta para los empleados públicos y garantiza la atención a los ciudadanos en la lengua oficial de España que soliciten; es una ley que identifica un modelo básico de función pública preservando los rasgos distintivos del modelo que establece nuestra Constitución, puesto que respeta los principios de igualdad, mérito y capacidad. Esta ley también promueve la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la accesibilidad de las personas con discapacidad y la tolerancia cero ante cualquier discriminación.
Señorías, el Gobierno ha evidenciado sus prioridades con sus políticas en materia de oferta pública de empleo y de consolidación de empleo temporal. Por un lado, está la reducción de la temporalidad en la Administración general del Estado, que ha pasado del 8,52 por ciento en enero de 2004 al 7,6 por ciento en enero de 2007, y esperamos que así continúe en el futuro. Por otro lado, hemos dedicado recursos humanos suficientes para ofrecer mejores servicios públicos, reforzando el número de plazas, asegurando la reposición de efectivos en el cien por cien de las bajas y destinando los nuevos efectivos a sectores prioritarios o con carencias existentes al inicio de la legislatura, como en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en la Administración de Justicia.
En los procesos selectivos, siempre con el respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad, hemos puesto en marcha nuevas medidas. Hemos utilizado técnicas más modernas de selección de personal, así como más adecua-
das a las necesidades del puesto de trabajo. Hemos buscado así que el candidato demuestre más sus capacidades de aprendizaje y resolución de problemas, en vez de ser únicamente un almacén memorístico de datos. También hemos avanzado en la utilización de las nuevas tecnologías para el acceso al empleo, como en la solicitud a través de internet o en la comunicación a los opositores a través de correo electrónico.
También hay Comisión de Expertos en Castilla-La Mancha:
TOLEDO, 11-12-2007. La Comisión de Expertos de Función Pública, constituida por la Consejería de Administraciones Públicas, mantuvo ayer su primera reunión para el estudio y preparación de la futura legislación autonómica de Función Pública que desarrollará el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).Durante el encuentro, esta Comisión, formada por 11 profesionales de gran relevancia y formación en materia de Función Pública, ha realizado un análisis exhaustivo de la reciente aprobación del EBEP y de las posibilidades que ofrece al legislador autonómico, para llevar a cabo una reforma del empleo público de Castilla-La Mancha acorde a los nuevos retos del siglo XXI.
Entre los múltiples aspectos susceptibles de estudio por parte de la Comisión, uno de los elementos más innovadores que presenta el EBEP tiene que ver con la regulación de la carrera profesional dentro de la Administración Pública, que define el propio Estatuto como el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional, conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad. La Comisión tendrá que informar a la Consejería sobre cuales de las modalidades de regulación que presenta el Estatuto resulta más adecuada para los empleados públicos.
La norma fundamental de los empleados públicos, aprobada tras un larguísimo parto de casi 27 años desde su previsión por la Constitución, tendrá que ser objeto de desarrollo por Estado y Comunidades Autónomas.
Dado que este Estatuto Básico reparte la materia burocrática, como un padre reparte la herencia en vida entre sus hijos, distribuyéndola entre Comunidades Autónomas (remitiéndose a sus propias leyes) y los sindicatos (remitiéndose a negociaciones sin límite serio) es fácil pronosticar que vendrán tiempos de discriminación entre funcionarios, según la Administración a que sirvan y según la capacidad negociadora de los representantes de los funcionarios (o según el talante del gobernante de turno).
El resultado será una situación de agravio entre funcionarios, con sus secuelas de insatisfacción, quejas y desilusión, que repercutirán en el servicio público.
El Estatuto Básico de los Empleados Públicos de 2007 no fijó el criterio racional de que el carro de la Administración Pública fuese tirado exclusivamente por “funcionarios” o “laborales” (lo que permitiría zanjar el absurdo de distintos regímenes para prestar un mismo servicio). Y además conservó el personal “eventual” (designado libremente por el político gobernante entre huestes clientelares) y le añadió los “directivos profesionales” (supuesta clase directiva a reclutar y retribuir como “tiburones empresariales americanos”).
O sea, dos ruedas cuadradas (funcionarios), una rueda redonda (laborales), una cuarta de goma (eventuales políticos), tirado por un caballo pura sangre (altos cargos tecnócratas) y una mula (directivos profesionales), mientras los cocheros están enzarzados en discutir (gobierno y oposición), y avanzando a golpe de látigo o improperio. Eso sí, sobrepasado el carro o seguido por carros autonómicos de libre diseño. Un panorama desolador.
Por si fuera poco, como medida general a corto plazo prevista en el Estatuto Básico del Empleado Público no se contempló el rediseño racional del carro, sino el puro parcheo, por lo que contempla los procedimientos de consolidación de empleo temporal (interinos a plaza fija) y de funcionarización (laborales reconvertidos en funcionarios), así como el blindaje retributivo de altos cargos (conservando puestos de origen y jugosas retribuciones en caso de cese).
Tales procedimientos mantendrán entretenidas un par de años a las Administraciones y sindicatos, pero tendrá contrapartidas lógica en perjuicio del común de los funcionarios y de la ciudadanía: crecimiento del gasto público, paralización de oferta de empleo externa e hipotecas de las estructuras orgánicas que deben dotarse de plazas bajo el principio de “el empleado – temporal- crea el órgano –definitivo”.
e) La resaca electoral también repercutirá negativamente en la esfera burocrática. Todo cambio político, y en mayor medida, cuanto mayor es el tamaño de la entidad pública, gane quien gane, produce un impacto en el tejido del personal burocrático por los habituales trasiegos y componendas políticos. Así, quienes deben cesar en sus cargos públicos suelen retornar a puestos burocráticos cómodos; el personal eventual ha de moverse por los canales del partido para ser acogido en las nóminas de una Administración del mismo color ideológico; y todos esos “políticos venidos a menos” buscan su espacio de poder a costa de interferir en la actuación de los profesionales
Es innegable (y cuesta quitar las manchas a un leopardo) que los empleados públicos, desde Larra (”Vuelva usted mañana”) arrastran una imagen de desidia y privilegio que es pasto fácil para la crítica de bar, la envidia del Juan Español y sobre todo, para que las medidas de recortes de efectivos o plantillas, sean observadas con complacencia (o complicidad) por el común de la ciudadanía.
Se trata de una visión pretérita y alejada de la realidad, ya que, en las dos últimas décadas el eje de la Administración Pública ha pasado del “funcionario” hacia el “ciudadano”. El lenguaje ha seguido esta evolución: el término “administrado” ha sido sustituido por “ciudadano”; la “instancia” por la solicitud; los tratamientos y usías se han suprimido; toda Administración que se precie cuenta con oficinas de información, unidades de reclamaciones y servicios de inspección; se garantiza la protección de datos personales; no hay pólizas y los gestores administrativos han perdido buena parte de su trabajo; los tribunales de lo contencioso-administrativo se han “humanizado” al acortarse tiempos de resolución y corregir desafueros.
Y todo ello, teniendo en cuenta que dos millones y medio de empleados públicos hacen posible un millardo anual de actos administrativos (se preparan, dictan, notifican y ejecutan) además de prestar de forma continua servicios públicos inimaginables en el pasado con calidad y eficacia (policía, sanidad, transporte público, tutela ambiental, obras públicas, etc).
El Estatuto Básico del Empleado Público definitivamente aprobado parece ser que ha descafeinado muchísimo las recomendaciones del comité de expertos. Así lo manifiesta, al menos, Miguel Sánchez Morón, presidente de dicho comité. Quizá ello se debió a muchos peajes que pagar a los sindicatos (cuya fuerza debería estar de acuerdo con la representación real que ostentan, es decir, mínima, dado el escasisimo número de afiliados).
Los funcionarios de carrera no tenemos absolutamente nada que hacer con la gran mayoría de sindicatos que hay en nuestras Administraciones. Parece que la mayor preocupación de los sindicatos es que haya procedimientos de selección que hagan definitivo o fijo lo que en principio es temporal, y a los jóvenes recién salidos de las facultades, y con ganas de acceder a un empleo público previa competición en los correspondientes exámenes con otros aspirantes, esos, que se jodan. Así por ejemplo, nos encontramos con sectores como la educación y la sanidad, que agrupan el 75% del empleo público autonómico, donde las oposiciones libres brillan por su ausencia: todo son por concurso oposición mal hecha, es decir, concurso oposición que sólo valora en la fase de concurso la experiencia prestada en la Administración, y que conculcan claramente el principio de igualdad, porque a quienes no trabajan interina o temporalmente en la Administración, la desventaja que se les presenta es considerable. Por suerte aún quedan oposiciones libres, y cuando las sacas te alegras muchísimo, pero cuando llevas un tiempo, no mucho porque te das cuenta pronto del tomate, ves que todas las normas sobre provisión de puestos de trabajo, son papel mojado, y que sólo hay una forma de atajar un centrímetro en un camino cuasi infinito: ir a los tribunales. Pero claro, ves tantos casos en los que ejecutar lo juzgado es igual a “aquí nunca pasa nada aunque un juez enmienda la plana a la Administración”, que se quitan las ganas. En fin, que la esperanza es lo último que se pierde, y que yo al menos considero que ser funcionario está muy bien, pero el funcionamiento de la Administración en la gestión de los recursos humanos, es realmente lamentable. Y si no es lamentable: que lo demuestren cumpliendo la ley.
Me parece muy interesante una novedad del Estatuto Básico: la específica "cultura de lo público", con un nuevo código de conducta en la que, aparte de derechos también existen deberes plasmados en principios éticos y principios de conducta. Trabajar en lo público evidentemente no es lo mismo que trabajar en lo privado; no me refiero a la seguridad y la relajación que, tanto la sociedad percibe como muchas personas que acceden por oposición a la administración buscan. Me refiero a que trabajar en lo público implica una serie de valores y principios, una ética de servicio que muchos funcionarios (de los anteriores) no tienen interiorizado. Lo que no sé es qué mecanismos se van a arbitrar para velar por el cumplimiento de esta "cultura de lo público" en las personas que trabajan en la administración.
¿Dónde están los expertos aragoneses?
Así van las cosas en Galicia: El Consejero responsable habla de los compromisos en materia de función pública, mientras que en Aragón Velasco parece invisible e inexistente, y no le conocemos declaración pública alguna sobre el futuro ni el presente de nuestra función pública.
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9/12/2008(EUROPA PRESS)
El conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, José Luis Méndez Romeu, se mostró hoy "confiado" en que la futura Ley de Función Pública de Galicia esté terminada a finales de 2009 para que se inicie su tramitación parlamentaria.
Durante la presentación del libro 'Documentos para a reforma da Función Pública' elaborado por una comisión de 15 expertos convocados para el estudio y la preparación de la ley, explicó que el texto se someterá a la consideración de todos los colectivos vinculados al empleo público "para recabar sus opiniones" e incluir alternativas que se propongan.
Así, según apuntó, se abre una primera fase de análisis que dará lugar a la elaboración de un anteproyecto de ley y a su tramitación "durante la legislatura siguiente". Del mismo modo, indicó que después de las elecciones autonómicas, "una vez constituido el nuevo gobierno", se iniciarán los trabajos para la elaboración de la nueva legislación.
Entre los aspectos que recoge el libro, Romeu destacó como "más novedoso" la "inclusión de la Administración local en algunos aspectos". "Es una innovación del Estatuto Básico do Empregado Público" (EBEP), refirió, y lo consideró "un paso necesario para favorecer la movilidad de funcionarios entre distintas administraciones", así como "para introducir mayores grados de homogeneización en el funcionamiento interno de las administraciones".
Además, indicó que se introdujo una propuesta de crear "áreas funcionales que permitan superar un marco, a veces, excesivamente rígido" para la promoción y la cobertura de puestos de trabajo. En este punto, consideró "necesario" abordar "el reto" de adaptar los cuerpos y las escalas a los requisitos derivados de la adaptación de las titulaciones universitarias al Espacio Europeo de Educación Superior.
También se deberá incorporar a la Función Pública, según propone el citado libro y subrayó el conselleiro, a los europeos comunitarios, lo que provocará "cambios importantes" en el tratamiento de los idiomas en el acceso a la Administración; y la propuesta del EBEP de reducir la edad de acceso, de los 18 a los 16 años.
"COMPROMISO CUMPLIDO"
El titular de Presidencia defendió que el libro presentado hoy constituye "una documentación muy importante en su calidad estratégica", aunque incidió en que "representa la opinión de las personas que la elaboraron y no de la Administración gallega".
"Contiene más propuestas y más cuestiones de las que serán abordadas, con toda probabilidad, en la futura legislación", aseveró, y definió el texto normativo como un "marco concreto para dar respuesta a los principales problemas".
En este sentido, apuntó que los 'Documentos para a reforma da Función Pública' reflejan "muchas reflexiones" que "ayudan a contextualizar problemas" que, a veces, "son comunes a administraciones de toda la Unión Europea y otras son muy específicas de la situación en Galicia".
En cualquier caso, con la publicación de este texto consideró "cumplido" el "compromiso" de la Xunta y aseguró que "en los próximos meses", se iniciarán los trabajos de redacción de una legislación, que será "complicada" porque "sustituirá todas las normas de las últimas dos décadas".
Tampoco se conocen declaraciones públicas del responsable actual de la Dirección General de la Función Pública.
Valga, como contraste, la comparecencia del Director General extremeño ante el Parlamento autonómico:
El director general de Función Pública, Rafael Pérez CuadradoLa Junta de Extremadura está trabajando en el desarrollo de un proyecto de Ley de Función Pública con la participación de todos los sectores sociales implicados, desde los propios funcionarios hasta los grupos parlamentarios, con el objetivo de elaborar un nuevo régimen de empleo público capaz de atraer y motivar a los profesionales de la Administración autonómica.
Sin embargo, el director general de Función Pública, Rafael Pérez Cuadrado, ha señalado ante la Comisión de Administración Pública que por la ambición de los objetivos que persigue este proyecto de ley, variedad y la complejidad de los factores a los que debe atender y el deseo de lograr una máximo respaldo a la ley, el Ejecutivo regional debe abordar los contenidos de esta normativa con determinación, prudencia y sentido común.
De esta forma, se conseguirá una administración moderna y eficaz, haciendo partícipes del proyecto a los empleados públicos e incorporando cualquier tipo de aportaciones, incluyendo las de los grupos parlamentarios, añadió.
EVALUACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD
El director general de Función Pública, Rafael Pérez Cuadrado en la Comisión de Administración Pública destacó que “sólo tras un amplio y moderado debate con todas las partes implicadas se podrá desarrollar un nuevo régimen del empelo público que atraiga y motive a los profesionales que la Administración autonómica necesita y que premie sus funciones y responsabilidades, brindándoles oportunidades de promoción profesional, una gestión racional, objetiva, ágil y flexible y una formación adecuada”.
Recordó que el presidente del Gobierno autonómico, Guillermo Fernández Vara, señaló en su discurso de investidura que la junta de Extremadura es una gran empresa con 45.000 empleados que deben trabajar conforme a los principios de calidad, agilidad, eficacia y eficiencia, por lo que advirtió que en esta legislatura se aprobará una nueva ley de función pública que introducirá en la carrera profesional de los empleados públicos la productividad y la acción social.
También dijo que todos los empleados públicos tendrán una parte de sus ingresos vinculados con la evaluación de los resultados, algo que está previsto en el texto articulado del Proyecto de Ley de Presupuestos de Extremadura para 2008 que se está debatiendo en estos días para su aprobación en el pleno del próximo jueves.
Por su parte, el consejero de Administración Pública y Hacienda, Ángel Franco, ha mostrado su intención de articular un nuevo catálogo de derechos y deberes de los empleados públicos en el que pasen a un primer plano los conceptos de productividad y acción social. Esto dará lugar a un sistema de evaluación del rendimiento basado en criterios de “transparencia y objetividad” y que compense la mayor dedicación del funcionario con avances en su carrera profesional.
Lo más destacable de las intenciones de la Junta en este sentido, es la elaboración de una “Ley de Función Pública”, cuyos avances, según el director general, deben seguir un itinerario similar al que siga la Administración del Estado.
Explicó que la Junta ya está trabajando en este sentido y, como ejemplo de ello, citó la declaración para el diálogo social en Extremadura 2007 firmada el pasado 8 de octubre por el presidente autonómico con los agentes económicos y sociales más representativos de la región y la apertura de una quinta mesa de ámbito institucional en la que negociar el proyecto de ley de Función Pública. Además, apuntó que la Escuela de Administración Pública tiene previsto celebrar jornadas y seminarios para debatir sobre el estatuto básico del empleo público.
Ana Rosa Migoya es la consejera de Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno asturiano:
Competencia suya será, entre otras, elaborar la nueva ley de Función Pública, por la que se regirán 33.000 funcionarios y empleados públicos en Asturias, a los que hay que sumar los más de 1.200 trabajadores de la administración de justicia, último fleco del traspaso de competencias al Principado.
«Será una ley que buscará satisfacer al empleado público, para mejorar la eficacia y llegar al ciudadano», afirmó.
La Consejera anunció también una campaña de implantación del proyecto «Hogar conectado a Internet en Asturias», en la que las empresas servirán de intermediarias. Este plan se basa en conceder incentivos a las compañías, a través del IRPF o del Impuesto de Sociedades, para que doten a sus empleados de material informático y conexión a Internet para usarlos en su domicilio.
Las condiciones laborales y de promoción de los trabajadores públicos se convirtió la pasada legislatura en uno de los asuntos más espinosos y conflictivos, por la elevada temporalidad denunciada por los sindicatos en la Administración pública regional y como consecuencia del traspaso de competencias del Gobierno central al autonómico.
Migoya aseguró ayer que uno de sus principales objetivos es desarrollar el máximo diálogo con los agentes sociales y los partidos en la Junta General para sacar adelante la nueva ley de Función Pública con el máximo consenso posible.
En una intervención razonablemente breve desgranó, sin entrar en detalles, los pilares y objetivos de la futura ley. Introducirá el nuevo sistema retributivo según el Estatuto Básico del Empleado Público, reforzará la negociación colectiva en materia de condiciones de trabajo para el conjunto de los trabajadores y tendrá especial relevancia la formación continua.
Este aspecto entronca con el desarrollo de la carrera profesional, que se impulsará desde la propia Administración regional. Se consolidará el empleo público estable y se mantendrá la temporalidad «en los niveles mínimos exigibles», afirmó Migoya.
Pero todo ello debe ir acompañado de una implicación de los empleados en los objetivos estratégicos, que pasan por lograr una mayor productividad, eficacia, rendimiento, actualización formativa y una atención más próxima a los ciudadanos.
Mención especial tuvo la Consejera para el Instituto Adolfo Posada, organismo encargado de la formación y la selección del personal público, y con el que se colaborará activamente para definir la ley de Función Pública y el desarrollo de la carrera profesional.
¿Qué dirán de todo esto nuestros amigos de Conceyu?
La Coalición Pro Acceso es una plataforma formada por un grupo de organizaciones de la sociedad civil e individuos interesados en derechos humanos que se constituyó en Octubre de 2006 que promueve la promoción de una Ley de Acceso a la Información en España que facilite el pleno reconocimiento y ejercicio de este derecho en España.
¿No debiera sumarse esa Asociación a dicha Plataforma?
Este punto forma parte del Acuerdo Administración-Sindicatos 2008-2011 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. No guarda mucho parecido con el suscrito en Agosto en Aragón, ¿verdad?.
OFERTAS PÚBLICAS DE EMPLEO.
La Administración y las Organizaciones Sindicales acordarán los criterios generales de aplicación a las Ofertas Públicas que convoque el Gobierno de Cantabria durante la vigencia del Acuerdo, destacando entre los más importantes:
- Inclusión de todos los puestos ocupados por interinos del ejercicio anterior en vacante.
- Reservar un porcentaje del 50% de la oferta convocada al turno de promoción interna, pudiendo realizarse en turnos conjuntos o independientes.
- Reservar el 5% sobre el total de los puestos convocados para personas con discapacidad, incluidos los procesos de promoción interna.
- En el ámbito de personal funcionario, el turno de promoción interna reservado a cuerpos generales podrá convocarse por el procedimiento de conversión directa de las plazas.
- Se resolverán previa o simultáneamente, los concursos de traslados, que en todo caso deberán incluir los puestos de carácter singularizado.
-El EBEP dispone que se podrán negociar las formas de colaboración de las Organizaciones Sindicales en el desarrollo de los procesos selectivos.
En virtud de esta habilitación para negociar fórmulas para que las Organizaciones Sindicales puedan participar en el desarrollo de los sistemas selectivos. El Gobierno entiende que una de las fórmulas más idóneas para dotar de seguridad jurídica a los procesos selectivos es la configuración de una comisión de seguimiento. Por ello, se acuerda que en el segundo trimestre del presente año 2008 se constituya una comisión paritaria conformada, por la parte sindical por un miembro designado por cada organización sindical firmante, y por la parte de la Administración por un número equivalente de miembros entre los que estará el titular de la Subdirección del CEARC, designados todos ellos por el Consejero de Presidencia y Justicia. La presidencia la ostentará el titular de la Subdirección del CEARC y la secretaría uno de los otros miembros designados en representación de la Administración. Dicha comisión se encargará de proponer al órgano competente para negociar cada una de las concretas formas de colaboración, medidas generales de aplicación a los procesos selectivos tendentes a la aplicación de técnicas más adecuadas para la selección de los distintos cuerpos o escalas de la Administración, a la coordinación de los procesos y al cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad. La Comisión se regirá por las normas de aplicación a los órganos colegiados.
Información actualísima de la Xunta de Galicia:
La Consellería de Presidencia prepara una reforma en profundidad del modelo de funcionariado que culminará con la aprobación de una nueva Lei de Función Pública que estará lista a finales de 2009. El primer paso que ha dado la Xunta ha sido encargar a un grupo de quince expertos que elaboren un diagnóstico sobre la situación actual y planteen sus propuestas. Una de las principales novedades que estos asesores plantean es rebajar de 18 a 16 años la edad mínima para presentarse a una oposición y conseguir plaza de funcionario. Además, consideran adecuado que los extranjeros, sean o no comunitarios, puedan acceder a las plazas convocadas por el sistema público de salud para paliar así el déficit de médicos y personal sanitario que arrastra la comunidad gallega.
Aunque se apuesta por llevar a cabo una rebaja genérica de la edad para poder ser funcionario, los expertos reclaman a la vez que se pongan límites en la edad de los aspirantes a determinados puestos, unos límites que deberán variar según la categoría profesional.
En cuanto al acceso de profesionales extranjeros a las plazas ofertadas por el Sergas, hasta ahora se requería la nacionalidad española para poder presentarse a estas oposiciones, y sólo en algunos casos se permitía la entrada de personas de otros países siempre que perteneciesen a la UE. Los autores de Documentos para a reforma da función pública consideran que debe hacerse una excepción a esta regla en la nueva ley "en atención a las especiales circunstancias que concurren en el ámbito sanitario motivadas por el déficit de facultativos".
El conselleiro de Presidencia, José Luis Méndez Romeu, explicó ayer que estas propuestas son la "opinión" de un grupo de especialistas en relación con la función pública, pero aclaró que serán la base para discutir la nueva ley que prepara su departamento. Entre los asesores consultados por la Xunta están desde altos cargos del Gobierno gallego, catedráticos de las tres universidades, directivos empresariales y representantes de la Justicia y la Administración local. De hecho, Romeu destacó como una de las novedades del documento que los funcionarios municipales estén regulados por una ley autonómica.
La regulación de los altos cargos también sufrirá cambios. El documento propone profesionalizar al personal directivo, es decir, los empleados que accedan a puestos de responsabilidad deberán tener formación específica. Además, se propone que como mínimo el 10% de sus retribuciones dependan del cumplimiento de objetivos.
Precisamente, con respecto a la futura política de incentivos de la Xunta, el conselleiro de Presidencia descartó primar económicamente a los funcionarios más productivos, aunque sí abogó por que se impulse su carrera profesional. Méndez Romeu recordó que el marco retributivo de los funcionarios "tiene un techo" (que son los presupuestos, en los que se fija un tope del incremento salarial) y los complementos, en los que admitió que existe "un margen de negociación para responder a las necesidades de determinados puestos".
Incentivos
Méndez Romeu descarta los incentivos económicos para los funcionarios más productivos aunque aboga por promocionar su carrera
En cuanto a la promoción de las carreras profesionales, Méndez Romeu explicó que, "tradicionalmente", estuvo muy ligada a la "antigüedad" y mostró su voluntad de que esto cambie "para que se tenga en cuenta, pero que no sea un factor determinante".
Del mismo modo, rechazó la posibilidad de que pierdan su plaza aquellos funcionarios con menor rendimiento laboral, porque la "característica principal" de los puestos públicos es, a su juicio, la "inmovilidad". "No pueden ser destinados ni cesados discrecionalmente. Es la garantía de que los funcionarios sirven a los intereses públicos con independencia de los cambios en los gobiernos", dijo.
Una agencia especializada en la evaluación de los empleados públicos
El documento que servirá de base a la nueva Lei de Función Pública plantea la creación de una agencia especializada que hará seguimiento del trabajo de los funcionarios. Hasta ahora existían comisiones dentro de la Administración autonómica que realizaban las evaluaciones, pero el grupo de expertos considera que su funcionamiento no era del todo eficaz y, por esta razón, proponen externalizar esta tarea en una agencia.
Sobre la posibilidad de fijar incentivos económicos, el conselleiro de Presidencia, José Luis Méndez Romeu, explicó que la propuesta de los expertos es "conservadora". Así, se mantendrá el régimen actual de retribuciones, aunque se favorecerá a los funcionarios que más trabajen con ascensos. Hasta ahora para subir en la escala profesional tenía más peso la antigüedad, pero el conselleiro abogó por introducir cambios para beneficiar a los empleados más eficientes.
La nueva Lei de Función Pública ampliará también el catálogo de actuaciones sancionables dentro de la Administración.
¿Qué dirá el acuerdo firmado en La Rioja?
Representantes sindicales de UGT, CCOO, CSI-CSIF y STAR, del Comité de Empresa de la comunidad y el Gobierno de La Rioja, firmaron ayer el acuerdo y convenio colectivo para el personal funcionario y laboral de la Comunidad Autónoma 2008-2011.
La ratificación del convenio fue presidida por el presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz. Un acuerdo que tiene un marcado carácter social y garantiza el poder adquisitivo de los empleados públicos, y que fue acordado en la Mesa General de Negociación y aprobado por el Comité de Empresa. Ambos acuerdos se cierran tras nueve meses de negociación entra la Administración riojana y las organizaciones sindicales.
El convenio fue firmado por Jesús del Rincón de UGT, Pedro Corral de CCOO, Jesús Hernández de CSI-CSIF, Domiciano Jiménez del STAR, Alfonso Prieto del Comité de Empresa, y por el consejero de Administraciones Públicas y Política Local, Conrado Escobar.
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